Google ha anunciado la creación de una nueva “unidad de disrupción” dentro de su Threat Intelligence Group. Sandra Joyce, vicepresidenta del grupo, explicó en una conferencia que esta unidad explorará opciones de disrupción “legales y éticas” para neutralizar campañas maliciosas, pasando de una postura reactiva a una activa para tomar la iniciativa en defensa cibernética.
El artículo aborda la fina línea que separa la defensa activa —como cazadores inteligentes, honeypots o trampas para engañar a atacantes— del hack-back, que implica atacar de vuelta a los agresores o destruir sus sistemas. Las operaciones de disrupción se ubican en un punto intermedio, en un contexto donde el encuadre legal es ambiguo.
Altos funcionarios de la administración Trump y algunos congresistas impulsan una estrategia más ofensiva en ciberespacio, proponiendo incluso “cartas de corso” que permitirían a empresas actuar legalmente de forma agresiva. No obstante, expertos como John Keefe (ex funcionario del Consejo de Seguridad Nacional) y Joe McCaffrey (CISO de Anduril) advierten que la industria privada aun está lejos de estar preparada para esas tareas: no existen suficientes empresas capaces, su modelo de negocio es complejo y dependería mucho de gobiernos como único cliente.
Además de las barreras legales, los expertos destacan la necesidad de poder medir el impacto de estas operaciones como condición para su legitimidad. Un mayor uso de la ofensiva podría mejorar la disuasión ante adversarios que ya son agresivos en ciberespacio. Sin embargo, se advierte que cualquier escalada debe manejarse cuidadosamente, pues EE.UU. podría resultar seriamente afectado al ser altamente dependiente de la tecnología. Dmitri Alperovitch cuestiona la idea de que una ofensiva prudente sea escalatoria, argumentando que lo verdaderamente escalatorio sería no responder a la creciente hostilidad cibernética.
Con información de Cyberscoop