Los reguladores de protección de datos de Europa, están faltos de expertos en tecnología y de recursos financieros, lo que significa que no pueden hacer cumplir adecuadamente la RPI contra la potencia de fuego legal de la Gran Tecnología, según los nuevos datos de Brave.
La empresa de navegación web afirmó en un nuevo informe de esta semana que los gobiernos europeos no han logrado armar a sus autoridades de protección de datos (DPA) con las herramientas que necesitan para hacer cumplir la GDPR – que es una obligación en virtud del artículo 52 (4) del reglamento.
Como resultado, ha presentado una queja ante la Comisión Europea contra 27 estados miembros, solicitando que se inicie un procedimiento de infracción contra ellos.
«Si la GDPR corre el riesgo de fracasar, la culpa recae en los gobiernos nacionales, no en las autoridades de protección de datos», dijo el valiente director de políticas, Johnny Ryan.
«Es esencial que la aplicación de la ley sea robusta y contradictoria. Los responsables de la aplicación de la ley en la RDPI deben ser capaces de investigar adecuadamente la ‘gran tecnología’ y actuar sin temor a apelaciones vejatorias, pero los gobiernos nacionales de los países europeos no les han dado los recursos para hacerlo. La Comisión Europea debe intervenir».
En el informe se argumentaba que sólo cinco de los 28 ejecutores nacionales de la RPI de Europa tienen más de 10 especialistas en tecnología, mientras que la mitad tiene presupuestos inferiores a 5 millones de euros. El ICO del Reino Unido, del que se dice que es el mayor y más caro organismo de control, tiene sólo el 3% de sus 680 empleados centrados en cuestiones tecnológicas.
Casi un tercio de los especialistas en tecnología de la UE trabaja para una de las DPA regionales de Alemania, mientras que en Irlanda, cuya DPA se encarga de las quejas de Facebook y Google, el presupuesto y la plantilla están «desacelerándose», según afirma.
De hecho, la Comisión Irlandesa de Protección de Datos (DPC) tiene el mayor número de casos de cualquier DPA en la UE, pero sólo 21 expertos tecnológicos para ocuparse de las investigaciones y un presupuesto de alrededor de un cuarto del de Reino Unido.
Brave argumentó que esta falta de recursos significa que las infracciones de los gigantes de la tecnología no se investigan o se limitan porque las DPA no tienen la capacidad de defender sus decisiones en los tribunales.
Con información de: Cointelegraph.