El gobierno brasileño ha aprobado una nueva legislación que introduce medidas más duras contra el fraude y los delitos perpetrados en los entornos digitales.
De acuerdo con la ley 14.155 sancionada el pasado jueves (27), el Código Penal brasileño ha sido alterado para añadir penas más severas en relación con la invasión de dispositivos, el robo y la mala conducta en los entornos de medios digitales, así como los delitos cometidos con la información proporcionada por alguien inducido o erróneamente a través de correos electrónicos fraudulentos, redes sociales o contactos por teléfono.
Entre los delitos que se incluyen en el ámbito de aplicación de la nueva legislación están la clonación de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, mediante la cual los delincuentes pueden, por ejemplo, solicitar dinero a los contactos de la víctima, y el phishing. Brasil es líder mundial en ataques de phishing, ya que uno de cada cinco usuarios de Internet en el país, fue objeto de un ataque, al menos una vez, en 2020.
La ley actualizada establece penas y multas con la duración de las penas de cárcel que aumentan si la víctima sufre daños económicos, para los delitos relacionados con la invasión de dispositivos electrónicos como smartphones y ordenadores con el objetivo de obtener, manipular o destruir información sin el consentimiento de los usuarios, o con el objetivo de instalar software para obtener ventajas ilícitas.
Además, la ley actualizada también se refiere al robo mediante fraude a través de un dispositivo electrónico, con o sin la violación de los mecanismos de seguridad establecidos, o mediante el uso de software malicioso, o por cualquier otro medio fraudulento.
Según la legislación recientemente sancionada, las penas para los ciberdelincuentes pueden oscilar entre 1 y 8 años, además de las multas, y las penas aumentan si los delitos se cometen a través de infraestructuras de servidores con sede fuera de Brasil, o si la víctima es anciana o vulnerable.
El endurecimiento de las penas para los ciberdelincuentes en Brasil se produce después de la legislación aprobada en marzo, que penaliza el acoso en línea y en entornos físicos. La pena por estas prácticas, que pueden ampliarse a través de las redes sociales, es una pena de cárcel que puede oscilar entre 6 meses y 2 años, además de una multa.