Por Daniel Monastersky y Facundo Malaureille
La Autoridad Nacional de Protección de Datos de Brasil (ANPD) y la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina (AAIP) firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) que marca un punto de inflexión en la cooperación regional en materia de privacidad. Este acuerdo, suscrito por Waldemar Gonçalves y Beatriz Anchorena respectivamente, representa mucho más que un documento diplomático: es una declaración de principios sobre cómo Sudamérica abordará los desafíos de la era digital.
La aproximación entre Brasil y Argentina no es casual. Los lazos económicos, políticos, históricos y culturales, sumados a la proximidad geográfica y al hecho de que Argentina es el tercer principal socio comercial de Brasil, convierten esta alianza en una necesidad estratégica . En un continente donde las fronteras digitales se difuminan constantemente, la protección coordinada de datos personales deja de ser una opción para convertirse en un imperativo.
La fragmentación regulatoria solo beneficia a quienes buscan explotar las brechas legales entre jurisdicciones.
El Memorando establece mecanismos de asistencia mutua y cooperación técnica, regulatoria y fiscalizatoria en materia de privacidad y protección de datos personales . Aunque se trata de un instrumento no vinculante —es decir, no crea obligaciones legales directas— su valor radica en construir una base institucional sólida para la colaboración sistemática.
Las áreas de cooperación son particularmente relevantes para los desafíos contemporáneos: transferencias internacionales de datos, consultas públicas y el sandbox regulatorio en inteligencia artificial . Estos no son temas abstractos. Hablamos de proteger la información de millones de ciudadanos que utilizan servicios digitales binacionales, de garantizar que las empresas que operan en ambos países cumplan estándares consistentes, y de regular proactivamente tecnologías emergentes como la inteligencia artificial antes de que los daños sean irreversibles.
El acuerdo contempla el intercambio de experiencias en reglamentación y fiscalización, el compartir información sobre investigaciones en curso, la realización de fiscalizaciones conjuntas, el apoyo mutuo en investigaciones, y el desarrollo de programas de educación, capacitación e investigación conjuntos. Cada uno de estos componentes representa una pieza fundamental para construir un ecosistema digital más seguro y transparente.
Este acuerdo trasciende la relación bilateral entre Brasil y Argentina. Según Waldemar Gonçalves, la formalización de esta alianza refuerza la actuación de la ANPD en el escenario internacional y fortalece la credibilidad de la Ley General de Protección de Datos (LGPD) brasileña tanto en Brasil como en otros países donde existe entendimiento o armonización legal .
Lo que estamos presenciando es el nacimiento de un bloque regional de protección de datos que puede servir como modelo para el resto de Sudamérica. En un continente históricamente fragmentado en materia regulatoria, la convergencia entre las dos mayores economías de la región envía una señal poderosa: la protección de datos no es un lujo del primer mundo, sino un derecho fundamental que debe defenderse colectivamente.
La armonización regulatoria entre Brasil y Argentina puede catalizar efectos en cascada. Otros países de la región enfrentan presiones similares: flujos de datos transfronterizos, empresas tecnológicas multinacionales que operan con impunidad relativa, y ciudadanos cada vez más conscientes de sus derechos digitales. Un marco cooperativo exitoso entre Brasil y Argentina puede convertirse en el estándar regional, facilitando la integración económica digital y protegiendo simultáneamente a los ciudadanos.
La naturaleza no vinculante del Memorando plantea interrogantes legítimos sobre su efectividad. Sin obligaciones legales directas, la implementación dependerá de la voluntad política sostenida, los recursos institucionales disponibles, y la capacidad de ambas agencias para traducir intenciones en acciones concretas.
Las fiscalizaciones conjuntas, por ejemplo, requieren protocolos operativos detallados, coordinación interinstitucional compleja, y posiblemente marcos legales adicionales para el intercambio de información sensible. La capacitación conjunta debe superar no solo diferencias idiomáticas menores, sino también tradiciones jurídicas y culturas regulatorias distintas.
Sin embargo, estos desafíos no deben minimizar el valor del acuerdo. Los instrumentos no vinculantes frecuentemente son el primer paso hacia compromisos más profundos. Establecen canales de comunicación, construyen confianza institucional, y permiten experimentar con mecanismos de cooperación antes de formalizarlos en tratados vinculantes.
Para que este acuerdo cumpla su potencial transformador, se requieren varios elementos:
Institucionalización de la cooperación: Los mecanismos de coordinación deben trascender las buenas intenciones para convertirse en procedimientos operativos estándares. Reuniones regulares, puntos de contacto designados, y protocolos claros de intercambio de información son esenciales.
Expansión progresiva: Brasil y Argentina deben invitar activamente a otros países sudamericanos a sumarse a este marco cooperativo. Uruguay, Chile, Colombia y Perú tienen marcos de protección de datos cada vez más sofisticados y se beneficiarían enormemente de la coordinación regional.
Recursos adecuados: La cooperación internacional requiere inversión. Ambas agencias necesitan presupuestos suficientes para personal especializado, sistemas tecnológicos compatibles, y programas de capacitación continua.
Transparencia y participación ciudadana: Los ciudadanos de ambos países deben poder monitorear el progreso de esta cooperación y participar en su diseño. La protección de datos no es un asunto exclusivamente técnico o burocrático; es fundamentalmente democrático.
Adaptabilidad tecnológica: Las tecnologías emergentes —inteligencia artificial generativa, blockchain, computación cuántica— plantearán desafíos regulatorios que no podemos anticipar completamente. El marco cooperativo debe ser lo suficientemente flexible para evolucionar con el paisaje tecnológico.
Este acuerdo entre Brasil y Argentina no es el punto final, sino el punto de partida. Representa el reconocimiento de que en la era digital, la soberanía nacional en materia de datos es una ficción peligrosa. La información fluye sin respetar fronteras, y nuestra protección legal debe ser igualmente fluida y coordinada.
Como profesionales del derecho, tecnólogos, legisladores y ciudadanos, tenemos la responsabilidad de exigir que este MOU se traduzca en protecciones concretas. Debemos monitorear su implementación, demandar transparencia en su ejecución, y presionar para su expansión a otros países de la región.
Podemos continuar con enfoques fragmentados que dejan a nuestros ciudadanos vulnerables ante corporaciones transnacionales y actores maliciosos, o podemos construir colectivamente un ecosistema digital que ponga los derechos fundamentales en el centro. Brasil y Argentina han dado el primer paso. Ahora corresponde a toda la región sostener y amplificar este impulso.
Este acuerdo es una oportunidad qu e no podemos desperdiciar.
