En abril del 2021, un juzgado civil y comercial de la provincia de Buenos Aires, presidido por el Dr. Rodrigo Ezequiel Bionda, emitió una resolución judicial que marcó un hito en el ámbito de la protección de datos personales y la privacidad en el sistema judicial argentino. La decisión del Juez Bionda abordó la delicada cuestión de cómo equilibrar el acceso público a la información judicial con el derecho a la intimidad de las personas involucradas.

En una época en la que la digitalización y el acceso a la información en línea eran moneda corriente, la resolución se destacó por su visión innovadora en cuanto a la protección de los datos personales de los ciudadanos. El Juez Bionda comprendió que, si bien la transparencia es un pilar fundamental para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, también es necesario proteger el derecho a la intimidad y garantizar que los datos personales de los ciudadanos no sean expuestos de manera innecesaria.

Una de las medidas más destacadas de esta resolución fue la designación de un «Delegado de Protección de Datos» dentro del juzgado. Esta figura fue responsable de velar por la correcta aplicación de la política de protección de datos adoptada y garantizar que los datos personales fueran tratados de manera adecuada y segura. Los ciudadanos involucrados en el proceso judicial tuvieron la posibilidad de contactar al Delegado para solicitar la supresión, anonimización o disociación de datos que consideren inapropiados o que afecten sus derechos personalísimos.

La decisión también destacó la importancia de repensar el concepto de «publicidad» en el ámbito judicial. Si bien históricamente se había entendido que las resoluciones judiciales debían ser públicas, el Juez Bionda cuestionó esta premisa y propuso un enfoque más cauteloso. En tiempos de big data y tecnologías avanzadas, fue esencial repensar cómo se difunde la información judicial para evitar la vulneración de la privacidad de las personas.

La resolución también destacó la necesidad de proteger la identidad soberana de los ciudadanos en la sociedad de la información. La privacidad se convirtió en un escudo para resguardar espacios de libertad y proteger a los individuos de juicios, cuestionamientos e intrusiones innecesarias en su vida civilizada.

El Juez Bionda se apoyó en el pensamiento de destacados especialistas en el tema, como Carissa Véliz, quien sostiene que «la privacidad es poder» y que es necesario retomar el control de nuestra información personal. En línea con este pensamiento, la resolución destacó la importancia de buscar un equilibrio entre la transparencia y el acceso a la información pública, y el respeto a la privacidad y la protección de datos personales.

La resolución judicial emitida por el Juez Bionda fue un paso adelante en el camino hacia una justicia más moderna, que protege la privacidad de los ciudadanos y garantiza la correcta utilización de los datos personales en el ámbito judicial. Fue un ejemplo a seguir para otros juzgados y tribunales, y demostró que era posible conciliar la transparencia con el respeto a la intimidad en el contexto de la sociedad de la información. La protección de datos personales debía ser una prioridad en todos los ámbitos, y esta resolución nos mostró el camino hacia una justicia más humana y respetuosa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.