Por Daniel Monastersky, Socio en Data Governance Latam y Director del Centro de Estudios en Ciberseguridad y Protección de Datos (CECIB) de la Universidad del CEMA,
En los últimos tiempos, Argentina ha sido testigo de una serie de incidentes preocupantes relacionados con filtraciones masivas de datos personales provenientes de organismos públicos clave. Desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) hasta la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), estos eventos han puesto en tela de juicio la capacidad del Estado para salvaguardar la información sensible de millones de ciudadanos.
El panorama global no es más alentador. Según revelan los investigadores de ciberseguridad, desde el año 2004 se han filtrado más de 17 mil millones de cuentas personales en todo el mundo. Solo en el primer trimestre de 2024, las brechas de datos aumentaron cinco veces a nivel global, exponiendo 435 millones de cuentas adicionales. Esta cifra escalofriante nos recuerda que las filtraciones de datos son una amenaza persistente y global que requiere acciones contundentes.
En Argentina, los casos recientes han puesto al descubierto las deficiencias en los sistemas de seguridad de los organismos públicos. La filtración de datos del Renaper, que comprometió información sensible de millones de argentinos, fue un golpe duro para la confianza ciudadana. Asimismo, los incidentes en Anses y la DNRPA han generado preocupación sobre la posible utilización indebida de estos datos personales.
Estas filtraciones no solo representan una violación a la privacidad de los ciudadanos, sino que también abren la puerta a potenciales casos de fraude, robo de identidad y otros delitos cibernéticos. En un mundo cada vez más digitalizado, la protección de los datos personales es fundamental para mantener la integridad y la confianza en los sistemas gubernamentales.
Es imperativo que el Estado argentino tome medidas enérgicas para fortalecer la seguridad de sus sistemas y proteger los datos de sus ciudadanos. Esto implica invertir en infraestructura de ciberseguridad de vanguardia, implementar protocolos estrictos de manejo de información y capacitar a su personal en las mejores prácticas de seguridad digital.
La seguridad de los datos es un desafío global que requiere la colaboración de todos los sectores. Los organismos públicos deben liderar el camino, estableciendo estándares rigurosos de protección de datos y promoviendo una cultura de conciencia cibernética en todos los niveles de la sociedad.
La crisis de filtraciones de datos en Argentina es un llamado de atención urgente para que el Estado tome acciones contundentes y garantice la privacidad y la seguridad de sus ciudadanos en el entorno digital. Solo a través de una estrategia integral y un compromiso inquebrantable con la ciberseguridad podremos enfrentar esta amenaza y construir una sociedad más segura y confiable.
