El Gobierno británico ha anunciado lo que considera ambiciosos planes para mejorar la cualificación de los trabajadores del sector público, de modo que puedan detectar y detener mejor el fraude.
La nueva Estrategia Profesional de Lucha contra el Fraude estará dirigida por la Autoridad de Lucha contra el Fraude en el Sector Público (PSFA), anunciada a finales del año pasado.
Además de contratar a nuevos talentos, el Gobierno ha declarado que mejorará las cualificaciones de 7.000 profesionales de la lucha contra el fraude, incluida la formación de 250 expertos en riesgos de fraude para finales de 2023.
Un tercer pilar de la estrategia será un nuevo Aprendizaje en Lucha contra el Fraude que se pondrá en marcha en 2024, y que se impartirá junto con el actual Aprendizaje en Investigación de Fraudes.
El fraude representa un enorme reto en todo el Reino Unido, y el sector público no es diferente, ya que muchos delitos son ahora cibernéticos.
Según el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP), durante el ejercicio 2021-22 se perdieron unos 8.600 millones de libras por fraude y pagos en exceso relacionados con prestaciones.
Los defraudadores en línea también se aprovecharon sin piedad de los planes de fondos de ayuda COVID-19 del Gobierno.
A lo largo de los dos años de vida de sus dos principales iniciativas -el plan de ayuda a los ingresos de los autónomos y el plan de conservación del empleo-, el Gobierno calcula que el fraude puede haber alcanzado los 6.400 millones de libras.
Sin embargo, las conclusiones del Comité de Cuentas Públicas del Parlamento sugieren que la cifra podría ser más del doble, 16.000 millones de libras.
La Government Counter Fraud Profession (GCFP) se lanzó en 2018 y ahora cuenta con 7000 miembros en 48 organizaciones, incluida la policía y el gobierno local.
Sin embargo, con el fraude contra el sector público estimado en £ 33bn por año, no está claro si los nuevos planes del gobierno son lo suficientemente ambiciosos.