Las empresas tecnológicas occidentales y otras multinacionales con una gran presencia en China podrían encontrarse pronto en una posición difícil después de que Pekín aprobara nuevas leyes de sanciones de represalia.
La medida se considera una reacción a la serie de sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados en los últimos meses por las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang y la represión de las protestas democráticas en Hong Kong.
Al parecer, la nueva ley aprobada el jueves, permitirá al gobierno incluir a personas o entidades en una «lista antisanciones» si cumplen las sanciones de Estados Unidos y otros países que desagradan a los dirigentes del Partido Comunista.
A estas personas y empresas se les puede negar la entrada a China, expulsarlas del país, confiscar o congelar sus activos o prohibirles hacer negocios allí.
Es la última señal de que China utiliza su poderío económico para hacer frente a lo que considera una injerencia extranjera injusta en asuntos soberanos.
Sin embargo, podría poner a las empresas extranjeras en una situación imposible y obligar a muchas a elegir un bando entre las dos superpotencias mundiales.
También, China publicó un segundo borrador de una nueva Ley de Seguridad de Datos que restringirá los flujos de salida de datos «importantes» de las infraestructuras críticas (CNI) y de las empresas no CNI que operan en el país, sometiéndolas a un proceso de revisión de seguridad.
Supuestamente, las nuevas normas también podrían impedir que las empresas extranjeras revelen información sobre sus filiales chinas a una agencia policial o a un tribunal extranjero.