El gigante británico de supermercados, Morrisons, se encuentra en el Tribunal de Apelación luchando por anular una sentencia que lo obliga a indemnizar a empleados, tras una importante fuga de información privilegiada.
Un juez del Tribunal Superior dictaminó en 2017, que la empresa era «indirectamente responsable» de las acciones de uno de sus empleados, el ex auditor interno Andrew Skelton, que publicó los datos personales de 100.000 empleados en línea y los envió a varios periódicos.
Los datos filtrados incluían números de IN, fechas de nacimiento y detalles de cuentas bancarias, y Skelton fue encarcelado por ocho años en 2015.
Morrisons argumentó, en su momento, que ya había pagado alrededor de 2 millones de libras esterlinas para mitigar el incumplimiento. Sin embargo, también recibió una indemnización de 170.000 libras esterlinas, mientras que los empleados nada recibieron.
Los abogados del minorista sostienen que su cliente no puede ser considerado «indirectamente responsable» porque la Ley de Protección de Datos de 1998 -la legislación vigente en el momento del incidente- excluye la responsabilidad indirectamente.