Rusia ha exigido a Google que retire lo que, según considera, son anuncios engañosos sobre la guerra de Ucrania que están fomentando las protestas populares en el país.
En un comunicado, el regulador de las telecomunicaciones del país, Roskomnadzor, ha redoblado la apuesta de que su acción militar es simplemente una «operación especial» y no un acto de invasión.
«Roskomnadzor ha enviado una carta a Google LLC (responsable de las actividades publicitarias de Google en el territorio de Rusia) exigiendo que deje de difundir inmediatamente en el territorio de Rusia información falsa de carácter político sobre la operación especial de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en Ucrania», dijo, según la agencia de noticias local Interfax.
El regulador acusó a Google de llevar a cabo una «infowar» y dijo que era «inaceptable».
Miles de manifestantes contra la guerra han salido a las calles de las ciudades rusas tras la invasión de Ucrania, desafiando posibles represalias de las fuerzas de seguridad. Dado que la prensa y los medios de comunicación están muy controlados por las autoridades rusas, una de las pocas formas en que los rusos escuchan narrativas alternativas es a través de YouTube.
Google ha tomado muchas medidas para mitigar la propagación de narrativas falsas en su sitio. Entre ellas se encuentra el bloqueo de los canales de YouTube relacionados con los medios estatales rusos RT y Sputnik, la interrupción de la monetización de estas entidades, la limitación de las recomendaciones de los medios estatales rusos y la eliminación de los canales que realizan «prácticas engañosas coordinadas».
En noticias relacionadas, las autoridades ucranianas han afirmado que piratas informáticos rusos desfiguraron los sitios web de los gobiernos locales del país para difundir falsas narrativas de que Kiev había capitulado y firmado un tratado de paz con Rusia.
El Servicio Estatal de Comunicación Especial y Protección de la Información de Ucrania publicó la advertencia en Twitter, afirmando que la campaña había afectado a varias autoridades regionales y gobiernos locales.