El equipo de investigación de vulnerabilidades de Google elimina las extensiones automáticas y establece un cronograma de reducción progresiva que presiona a los vendors a parchear más rápido.
Google Project Zero anunció una modificación sustancial en su política de divulgación de vulnerabilidades que cambia las reglas del juego para fabricantes de software en todo el mundo. A partir de ahora, el equipo de investigación publicará los detalles técnicos de cualquier vulnerabilidad que descubra exactamente 90 días después de haberla reportado al vendor afectado, sin importar si existe un parche disponible para ese momento. La política, denominada «Full X» — donde X representa el número de días del plazo — reemplaza la regla «90 + 30» que Project Zero había seguido desde 2021, que permitía una extensión automática de 30 días adicionales si el vendor demostraba progreso en el desarrollo de una corrección.
El cambio no se limita a eliminar las extensiones. Google estableció un cronograma de reducción progresiva del plazo: el 2 de febrero de 2027 el período de gracia bajará a 60 días, y el 3 de enero de 2028 se reducirá nuevamente a 30 días. Esta compresión del tiempo disponible para parchear representa una apuesta directa a que la industria puede — y debe — acelerar sus ciclos de respuesta a vulnerabilidades críticas. Para vendors acostumbrados a contar con hasta 120 días bajo el esquema anterior, la transición a un mes de plazo fijo en poco más de un año implica una reorganización completa de sus procesos internos de gestión de seguridad.
Por qué Project Zero abandona las extensiones automáticas
La regla «90 + 30» que ahora se descarta había sido diseñada como un mecanismo de incentivo: si un vendor mostraba avances concretos hacia un parche dentro de los primeros 90 días, Project Zero otorgaba automáticamente 30 días adicionales antes de la divulgación pública. En la práctica, esto significaba que muchas vulnerabilidades terminaban siendo divulgadas a los 120 días, convirtiendo la extensión en un plazo esperado más que en una excepción. El nuevo esquema elimina esa ambigüedad: el reloj corre desde el día del reporte y no se detiene.
La decisión refleja un cambio de filosofía en cómo Project Zero entiende su rol en el ecosistema de seguridad. Durante años, el debate en la industria ha girado en torno a si los plazos fijos de divulgación presionan demasiado a los vendors o si, por el contrario, son necesarios para evitar que las correcciones se demoren indefinidamente. Google parece haber concluido que la presión temporal es más efectiva que la flexibilidad para forzar mejoras sistémicas en los tiempos de respuesta. La reducción progresiva del plazo — de 90 a 60 a 30 días en el lapso de 14 meses — funciona como un período de adaptación forzada: los vendors tienen tiempo para ajustar sus procesos, pero no para ignorar la nueva realidad.
Qué significa un plazo de 30 días para la cadena de suministro de software
Cuando el plazo llegue a 30 días en enero de 2028, la ventana entre el descubrimiento de una vulnerabilidad y su divulgación pública será menor que el ciclo de actualización mensual de muchos productos empresariales. Esto plantea un problema estructural para vendors que dependen de procesos de QA extensos, aprobaciones regulatorias o ciclos de release coordinados con partners. Un mes no alcanza para desarrollar, probar, validar y distribuir un parche en entornos corporativos complejos — especialmente en sectores como infraestructura crítica, dispositivos médicos o sistemas de control industrial, donde cada actualización requiere certificaciones adicionales.
El impacto en América Latina se concentra en dos frentes. Por un lado, empresas de la región que consumen software de vendors globales quedarán expuestas a ventanas de vulnerabilidad conocida más largas: si un proveedor no logra parchear en 30 días, la vulnerabilidad se hará pública mientras los sistemas en producción en México, Brasil, Argentina o Chile siguen sin protección. Por otro lado, los pocos vendors de software de seguridad o infraestructura con desarrollo regional — casos como algunos proveedores de soluciones para el sector financiero en Brasil o plataformas de gobierno digital en Colombia — enfrentarán el mismo desafío que sus pares globales, pero con equipos de ingeniería típicamente más pequeños y menos recursos para sostener ciclos de respuesta acelerados. La pregunta no es si pueden adaptarse, sino cuántos incidentes de divulgación prematura tendrán que atravesar antes de lograrlo.
El precedente que sienta Google para otros equipos de investigación
Project Zero no es el único equipo de investigación de vulnerabilidades con políticas de divulgación públicas, pero sí es el más influyente. Cuando Google modificó su política en 2021 para introducir la regla «90 + 30», otros equipos de investigación — tanto comerciales como académicos — ajustaron sus propios plazos en la misma dirección. La adopción de «Full X» con reducción progresiva probablemente genere un efecto similar: si el estándar de facto de la industria pasa a ser 30 días, vendors que hoy negocian extensiones con investigadores independientes o equipos de bug bounty perderán ese margen de maniobra.
El cambio también redefine el equilibrio de poder en la relación entre investigadores y vendors. Bajo el esquema anterior, un vendor podía argumentar que necesitaba más tiempo y, si demostraba progreso, lo obtenía. Ahora, el único criterio es el calendario. Esto elimina la subjetividad en la evaluación de qué constituye «progreso suficiente», pero también elimina la flexibilidad para casos excepcionales — vulnerabilidades que requieren refactorización profunda de código legacy, por ejemplo, o que afectan a múltiples productos con bases de código compartidas. Google está apostando a que la presión de un plazo no negociable forzará a los vendors a priorizar arquitecturas de software más modulares y procesos de desarrollo con seguridad integrada desde el diseño, en lugar de depender de parches reactivos.
Nuestro análisis
La transición de 90 a 30 días en 14 meses no es un ajuste incremental — es una declaración de que el ritmo actual de la industria para parchear vulnerabilidades es inaceptable. Google tiene el peso institucional para imponer este cambio unilateralmente, pero el costo lo pagarán principalmente los usuarios finales que quedan expuestos durante el período entre la divulgación pública y la disponibilidad de un parche. La lógica detrás de «Full X» asume que la presión pública acelerará los ciclos de desarrollo, pero ignora que muchos vendors — especialmente en mercados emergentes o sectores regulados — no tienen la capacidad operativa para comprimir esos ciclos sin sacrificar calidad en el testing o estabilidad en producción.
El patrón que emerge es claro: la industria de seguridad está migrando hacia un modelo donde la divulgación rápida se considera más valiosa que la coordinación extendida con vendors. Esto puede funcionar para productos con ciclos de release ágiles y equipos de seguridad dedicados, pero deja atrás a todo el software que no cumple esas condiciones — que, en la práctica, es la mayoría del software en uso en infraestructura crítica, gobierno y sectores industriales en América Latina. Lo que todavía no sabemos es si los vendors responderán acelerando genuinamente sus procesos de seguridad o si simplemente veremos un aumento en la cantidad de vulnerabilidades divulgadas sin parche disponible. ¿Qué pasará cuando el primer incidente masivo de explotación ocurra en esa ventana de 30 días entre el reporte y la divulgación, antes de que exista una corrección desplegable?
