Por Daniel Monastersky

La venta de imágenes manipuladas de alumnas menores de edad abre un debate sobre la urgencia de implementar políticas de alfabetización digital.

El escándalo del Colegio Agustiniano de San Martín no es solo un caso más de ciberdelito. Es la prueba fehaciente de que estamos fallando en proteger a nuestros jóvenes en el mundo digital. Lo que pasó allí no solo es aberrante, sino que nos muestra, una vez más, que necesitamos urgente implementar políticas integrales de educación digital desde que los chicos son pequeños.

Los hechos son alarmantes: un alumno de 15 años habría usado inteligencia artificial para generar imágenes de desnudos de sus compañeras, y después las vendió. Estamos frente a una situación gravísima que viola múltiples derechos: producción y distribución de material de explotación sexual infantil, violación a la intimidad, daño psicológico, y posible extorsión, entre otros delitos.

Lo que más preocupa es que este caso no es único. Ya vimos situaciones parecidas en España y otros países, lo que demuestra que estamos ante un problema global que crece con el avance tecnológico y la falta de educación digital.

Desde el punto de vista legal, el caso es complejo. Por un lado, el uso de inteligencia artificial para crear este tipo de contenido plantea nuevos desafíos. Si bien Argentina, al sumarse al Convenio de Budapest, se reservó aplicar el artículo sobre «imágenes creadas digitalmente», el hecho de que se usaran las caras reales de las menores podría igualmente constituir un delito de producción de material de explotación sexual infantil.

Además, la distribución de este material por plataformas digitales y su supuesta venta mediante billeteras virtuales agregan más complejidad al caso, involucrando potencialmente delitos como corrupción de menores y violaciones a leyes de protección de datos.

Pero hay un punto crucial que no podemos pasar por alto: la simple tenencia. En Argentina, la mera posesión de material de explotación sexual infantil es un delito en sí mismo, tipificado en el artículo 128 del Código Penal. Aunque estas imágenes fueron generadas por IA, el uso de rostros reales de menores las coloca en una zona legal muy peligrosa. Esto significa que no solo el creador, sino también cada comprador o poseedor de estas imágenes podría estar cometiendo un delito grave.

Esta situación amplía considerablemente el alcance de la investigación. La fiscal Novoa no solo deberá ocuparse del alumno que creó y vendió las imágenes, sino también de todos aquellos que las adquirieron. Si alguno de los compradores resulta ser mayor de edad, las consecuencias legales podrían ser aún más severas.

La respuesta del colegio también deja mucho que desear. Es inaceptable que las autoridades escolares se laven las manos diciendo que los hechos ocurrieron fuera del establecimiento. La escuela tiene el deber de cuidar a sus alumnos más allá de sus paredes, especialmente en esta era digital.

¡Ya es hora de que implementemos de una vez por todas una materia de concientización y educación digital desde la escuela primaria! No podemos seguir formando ciudadanos digitales a ciegas, exponiéndolos a riesgos que muchas veces ni siquiera entienden.

La tecnología avanza rapidísimo y nuestro sistema educativo tiene que ir a la par. Necesitamos una política de Estado que aborde de manera integral la alfabetización digital, incluyendo aspectos éticos, legales y de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías. Los chicos deben entender que descargar o poseer este tipo de imágenes no es un juego inofensivo, sino un delito grave que puede tener consecuencias devastadoras.

El caso del Colegio Agustiniano de San Martín tiene que ser un punto de inflexión. Es fundamental que las autoridades tomen cartas en el asunto, no solo investigando y sancionando a los responsables, sino también implementando medidas preventivas a largo plazo.

Como sociedad, no podemos permitir que nuestros jóvenes crezcan en un entorno digital hostil y peligroso. La educación es la clave para prevenir futuros casos como este y construir una ciudadanía digital responsable y ética. Y esta educación debe extenderse también a los padres, que necesitan estar informados y atentos a lo que sus hijos hacen en línea.

Es tiempo de actuar. Nuestros chicos y adolescentes no pueden seguir esperando. Tenemos que movernos ya, porque cada día que pasa es una oportunidad perdida para protegerlos y educarlos mejor. ¿Vamos a esperar a que pase algo peor para hacer algo? La respuesta está en nuestras manos.