Según un nuevo informe del Instituto Ponemon, más de la mitad (58%) de las organizaciones afectadas por ransomware en 2024 se vieron obligadas a cerrar sus operaciones para recuperarse.
Esto representa un aumento significativo con respecto al anterior Estudio global sobre el costo del ransomware realizado por Ponemon en 2021, que determinó que el 45% de las víctimas de ransomware cerraron sus operaciones como consecuencia del ataque.
El nuevo informe destacó el creciente impacto que tienen los ataques de ransomware en los ingresos y la reputación de las víctimas.
La proporción de encuestados que informaron una pérdida significativa de ingresos como resultado de un ataque de ransomware casi se duplicó entre 2021 y 2024, del 22% al 40%.
Además, el 35 % de las organizaciones afirmó haber sufrido daños a la marca como consecuencia de un ataque de ransomware en 2024, frente al 21 % en 2021.
Resulta alentador que las organizaciones se recuperaran más rápido de los ataques de ransomware en 2024 en comparación con 2021. Según los resultados, la contención y la reparación del mayor ataque de ransomware de una organización tardaron una media de 132 horas y utilizaron una media de 17,5 empleados y terceros. Esto dio como resultado un coste medio general de 146.685 dólares.
En 2021, las organizaciones dedicaron una media de 190 horas y contaron con la participación de 14 empleados y terceros en la contención y la reparación, con un coste medio de 168.910 dólares.
El daño a la reputación y a la marca se considera ahora el mayor costo financiero de un ataque de ransomware, reemplazando los costos asociados con las acciones legales y regulatorias en 2021.
El estudio encuestó a 2547 profesionales de TI y ciberseguridad en los EE. UU., el Reino Unido, Alemania, Francia, Australia y Japón que son responsables de abordar los ataques de ransomware.
El informe encontró que el 51% de las víctimas de ransomware pagó una demanda de rescate a los atacantes.
La exfiltración de datos fue la táctica más común utilizada por los grupos de ransomware para ejercer presión para pagar un rescate (47%). A esto le siguieron los ataques DDoS (45%), el cifrado de datos (43%) y la comunicación con las partes interesadas/clientes (34%).
Sin embargo, pagar el rescate generalmente no evitó las consecuencias negativas de un ataque de este tipo.
Solo el 13 % de los encuestados afirmó que se recuperaron todos los datos afectados después de pagar un rescate. Además, el 40 % afirmó que los datos se filtraron de todos modos después del pago, mientras que el 32 % reveló que los atacantes exigieron más pagos o amenazaron con más ataques.
Solo el 28 % de los encuestados afirmó que sus organizaciones informaron a las fuerzas del orden cuando fueron atacadas por ransomware. Las principales razones para no querer denunciar estos incidentes fueron la publicidad no deseada (39%), el hecho de estar cerca de una fecha límite de pago (38%), el miedo a las represalias (38%) y no creer que la demanda de extorsión fuera exorbitante (24%).
El phishing fue la forma más común de distribuir ransomware, representando el 45% de los incidentes. Esto representa una ligera caída en comparación con 2021, cuando el phishing se utilizó en el 48% de los ataques de ransomware.
Los siguientes métodos más comunes fueron los ataques del protocolo de escritorio remoto (RDP) (32%) y la explotación de vulnerabilidades de software (19%). La proporción de cargas útiles de ransomware distribuidas a través de una vulnerabilidad de software aumentó ligeramente en comparación con 2021 (16%).
El informe encontró que los ciberdelincuentes apuntan cada vez más a las vulnerabilidades una vez en una red para lograr un movimiento lateral y una escalada de privilegios. Más de la mitad (52 %) de los encuestados afirmó que los sistemas con vulnerabilidades sin parchear son el objetivo de estas actividades, un aumento significativo en comparación con el 33 % en 2021.