Por Daniel Monastersky – Director del Centro de Estudios en Ciberseguridad y Protección de Datos Personales de la Universidad del CEMA (CECIB) y Socio en Data Governance Latam

La sorpresa invadió a los residentes de un edificio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al descubrir un dron que filmaba sus balcones sin contar con el consentimiento, respaldado por una presunta autorización general de la administradora del consorcio. Este incidente ha encendido las alarmas en torno a las cuestiones de privacidad y protección de datos. Desde una perspectiva legal, esta situación plantea preguntas fundamentales sobre la validez del consentimiento y la necesidad de un cambio cultural en la protección de datos personales.

Lo que alguna vez fue considerado como un derecho inherente a la vida cotidiana, la privacidad, se vio amenazado para los habitantes de un edificio en la ciudad, cuando un dron sobrevoló y capturó imágenes de sus balcones y más allá. Ante el reclamo airado dirigido al operador del dispositivo, este afirmó contar con la aprobación de la administración del consorcio para llevar a cabo dicho «tratamiento de datos».

Este episodio no solo generó malestar entre los afectados, sino que también plantea cuestionamientos sobre los límites de la vigilancia, la privacidad y la protección de datos personales. La legislación argentina, Nro 25.326, establece la necesidad de un consentimiento informado individual para el tratamiento de los datos personales. La presunción de conocimiento de la ley por parte de todos no justifica violar este derecho fundamental.

En este contexto, es fundamental abordar el tema del consentimiento inválido, destacando que la autorización general otorgada por la administración del consorcio no es válida según la normativa vigente. Se debe hacer hincapié en la importancia de destruir y eliminar todas las imágenes grabadas como una medida necesaria para preservar la privacidad de los individuos afectados.

En relación al empleo de drones, a pesar de las regulaciones existentes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), surge la pregunta sobre la conveniencia de reforzar las garantías y protecciones en circunstancias particulares, como la filmación de espacios privados. Podría ser necesario considerar medidas adicionales, como la implementación de seguros obligatorios y el establecimiento de protocolos más rigurosos, con el objetivo de prevenir posibles violaciones a la privacidad y asegurar un uso responsable de esta tecnología.

En última instancia, este «Gran Hermano» aéreo en la ciudad refuerza la necesidad de proteger la privacidad en todas sus dimensiones. No solo es esencial respetar los límites establecidos por la ley y corregir casos de consentimiento inválido, sino también promover una mayor conciencia sobre la importancia de resguardar la privacidad en la era digital. Esto implica adoptar prácticas que promuevan un uso ético de la tecnología, garantizando así un ambiente más seguro y respetuoso de los derechos individuales para todos.