Por Daniel Monastersky y Facundo Malaureille

Imaginen por un momento descubrir que los datos personales que comparten a diario en una plataforma digital—conversaciones, preferencias, hasta momentos íntimos de sus vidas—están siendo procesados sin su consentimiento real. Ese descubrimiento no es producto de la paranoia, sino de una investigación rigurosa que nosotros, Facundo Malaureille y Daniel Monastersky, hemos estado documentando meticulosamente por más de un año.

La denuncia que presentamos ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) ha expuesto algo que debería alarmar a todo argentino: Meta no solo desatiende los reclamos regulatorios de nuestro país, sino que actúa con una frialdad institucional que raya en el desafío deliberado. El expediente «EX-2024-79802873-APN-DNPDP#AAIP-Meta y su IA» cuenta la historia de una compañía global que se niega sistemáticamente a someterse a las exigencias legales locales.

A un año de iniciado este proceso, Meta continúa incumpliendo la solicitud fundamental: acompañar los logs de consentimiento explícito de los usuarios argentinos. Estos no son documentos menores. Son pruebas concretas, verificables, que establecen si la compañía actúa dentro de la legalidad al tratar nuestros datos personales. Sin ellos, no hay transparencia posible. Sin ellos, Meta operaría en la impunidad.

Cada usuario argentino que utiliza estas plataformas ignora que sus datos están siendo utilizados para entrenar sistemas de inteligencia artificial sin su consentimiento real. Lo hacen mientras trabajan, mientras estudian, mientras buscan empleo, mientras comparten momentos íntimos con amigos y familia. Meta recopila, procesa y monetiza toda esa información bajo un velo de políticas corporativas globales que simplemente no reconocen nuestras leyes.

En lugar de asumir responsabilidades con transparencia, Meta construyó una barrera defensiva de políticas globales y notificaciones genéricas, rechazando cualquier obligación local que cuestionara sus prácticas de tratamiento de datos. Se escuda en sus marcos corporativos internacionales para eludir sus responsabilidades con una precisión casi matemática, como si la geografía legal fuera negociable.

El reciente anuncio enviado a usuarios argentinos—confirmando cambios para el uso de experiencias personales en el entrenamiento de inteligencia artificial—ilustra perfectamente esta táctica de hechos consumados. Meta continúa tratando nuestros datos sin consentimiento informado real, en abierta contradicción con la Ley de Protección de Datos Personales que hemos pedido incesantemente se respete. Lo hace mientras nosotros escribimos esto. Lo hace mientras usted lee estas líneas.

Lo que distingue la actitud de Meta en este caso es su naturaleza sistemática. No se trata simplemente de negligencia corporativa, sino de decisiones institucionales que revelan una estrategia clara de incumplimiento.

Primero, existe una falta total de colaboración. A pesar de los requerimientos formales y reiterados de la AAIP, la empresa sigue sin entregar la documentación de consentimientos ni demuestra voluntad alguna de ajustar sus prácticas a la normativa nacional. Cada oficina de gobierno que ha intentado dialogar con Meta se ha encontrado con puertas cerradas, respuestas evasivas, o cartas que dicen absolutamente nada.

Segundo, la compañía ha demostrado un desinterés sistemático por los derechos de los usuarios argentinos. En lugar de facilitar mecanismos claros para que las personas ejerzan sus derechos y deshabiliten los nuevos usos de datos, Meta se limita a comunicar cambios unilaterales a través de avisos genéricos en la plataforma. Nos trata como espectadores pasivos de decisiones que afectan nuestros derechos fundamentales. Como si nuestro consentimiento fuera un detalle administrativo, no un derecho.

Tercero, vemos un uso abusivo de figuras legales que no tienen cabida en nuestra normativa. La pretendida validez del «consentimiento tácito» desconoce abiertamente el estándar legal argentino y busca imponer prácticas que privan a millones de usuarios locales del control sobre su información personal. Es un intento sofisticado de reescribir nuestras propias leyes desde adentro.

Cuarto, Meta ha mantenido un silencio ensordecedor sobre cuestiones elementales de soberanía de datos. No explica a dónde ni con quién son compartidos los datos bajo estas nuevas modalidades de tratamiento. Los argentinos tenemos derecho a saber si nuestra información viaja hacia centros de datos en jurisdicciones sin protección equivalente, si cruza fronteras, si termina en servidores donde otros gobiernos pueden acceder a ella. Meta se rehúsa a proporcionar esa transparencia, y ese silencio es elocuente.

Este caso es ahora una prueba decisiva: ¿qué credibilidad tiene la regulación cuando plataformas de alcance mundial pueden ignorar impunemente las leyes nacionales? ¿Qué respeto real otorga Meta a las normativas de mercados fuera de su sede matriz? La resistencia a colaborar con la AAIP y la omisión reiterada de información clave dejan a millones de argentinos expuestos a prácticas que, en otras jurisdicciones con reguladores más fuertes, serían sancionadas severamente.

La privacidad digital no es un lujo reservado para quienes pagan más, sino un derecho fundamental que se ejerce en la vida cotidiana de millones de personas. Es, en definitiva, un acto de despojo sistemático que requiere respuesta institucional inmediata.

La solución requiere tanto urgencia como determinación. Meta debe reconocer que vive en Argentina, que presta servicios a argentinos, y que está sujeta a las leyes argentinas. Debe colaborar sin condiciones con la AAIP, entregando la documentación completa de consentimientos. Debe implementar mecanismos claros y accesibles para que cada usuario pueda ejercer sus derechos. Debe rendir cuentas sobre cómo trata nuestros datos y hacia dónde los transfiere.

Pero también la comunidad, los reguladores y los legisladores tenemos una responsabilidad que no podemos eludir. Debemos insistir en que estas exigencias no son opcionales, sino condiciones no negociables para operar en nuestro territorio. Debemos fortalecer nuestras instituciones de regulación y dotarlas de herramientas para hacer cumplir la ley con firmeza.

La batalla por que Meta cumpla con las leyes argentinas no es un asunto abstracto de tecnocracia regulatoria. Es una lucha fundamental para preservar la autonomía individual en un mundo donde nuestros datos son el activo más preciado. Es una batalla por establecer que en Argentina, la ley se cumple—incluso para las compañías más poderosas del planeta.

Esperamos que Meta finalmente revierta su postura y entienda que la colaboración, la transparencia y el respeto por nuestras leyes no son amenazas, sino precondiciones para continuar operando aquí. Y si no lo hace, que los organismos competentes actúen con la contundencia que la situación amerita. Porque cada día que pasa, millones de argentinos siguen siendo despojados de sus derechos fundamentales. Ese tiempo no se recupera. Y esa injusticia no puede tolerarse más.