Una opinión judicial sobre herramientas de filtrado en consultas de datos de estadounidenses debía publicarse el 13 de septiembre — lleva más de un mes de retraso mientras el Congreso debate renovar la autoridad de vigilancia.
La administración Trump está violando la ley federal al no declasificar una opinión de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera que cuestiona cómo el gobierno procesa comunicaciones de ciudadanos estadounidenses bajo programas de vigilancia sin orden judicial. El documento debía hacerse público antes del 13 de septiembre según mandato estatutario, pero al lunes de esta semana seguía retenido por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y el Departamento de Justicia. Los senadores Ron Wyden (demócrata por Oregon) y Adam Schiff (demócrata por California) enviaron una carta formal a funcionarios de la administración denunciando el incumplimiento, mientras una coalición de organizaciones de libertades civiles advierte que el retraso debería bloquear cualquier intento de renovar la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.
El documento que la administración no quiere publicar
La opinión de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera del 17 de marzo contiene objeciones de un juez federal sobre herramientas de filtrado que el gobierno desarrolló para que analistas de inteligencia procesen mensajes interceptados. Según la descripción que han hecho legisladores con acceso al documento clasificado, el juez determinó que el sistema de filtrado permitía a analistas obtener información de una manera que debería contabilizarse como consulta directa de datos de ciudadanos estadounidenses — un tipo de búsqueda que está sujeto a protecciones adicionales bajo la ley. Wyden había declarado previamente que la opinión revela problemas mayores de cumplimiento en el programa y se opuso a una renovación de corto plazo de la Sección 702 hasta que el gobierno aceptara publicar el documento.
La Sección 702 permite al gobierno buscar sin orden judicial las comunicaciones electrónicas y telefónicas de objetivos extranjeros utilizando información personal de estadounidenses que han estado en contacto con esos objetivos. La autoridad expiró durante el verano, pero la recopilación de datos continúa bajo otra orden judicial que se extiende hasta marzo del próximo año. El debate sobre renovar la Sección 702 está directamente vinculado a la publicación de esta opinión judicial: legisladores argumentan que no pueden evaluar si extender el programa sin conocer públicamente qué violaciones documentó la corte.
Un compromiso roto y dos plazos vencidos
El Fiscal General Todd Blanche se había comprometido previamente con legisladores a declasificar la opinión antes de la fecha límite estatutaria del 13 de septiembre. Ese plazo pasó sin acción. Pero el incumplimiento es anterior: los líderes del Comité de Inteligencia del Senado — el presidente Tom Cotton (republicano por Arkansas) y el vicepresidente Mark Warner (demócrata por Virginia) — habían establecido el 15 de mayo como fecha esperada para la declasificación en una carta enviada en marzo a la entonces Directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard. Ni Gabbard ni el Director Interino Bill Pulte respondieron a esas solicitudes. Ahora el cargo lo ocupa Jay Clayton, a quien Wyden y Schiff dirigieron su carta del lunes.
Rachel Cohen, portavoz de Warner, confirmó a CyberScoop que el vicepresidente del comité apoya la transparencia sobre la Sección 702 y espera que Clayton declasifique la opinión conforme a la carta bipartidista del comité y según lo requiere la ley. La oficina de Cotton no respondió a solicitudes de comentario. Ni la Oficina del Director de Inteligencia Nacional ni el Departamento de Justicia emitieron declaraciones sobre el incumplimiento del plazo legal.
Por qué el retraso importa para la renovación de vigilancia
La coalición de grupos de libertades civiles que escribió por separado a líderes del Congreso argumenta que el incumplimiento debería ser fatal para cualquier intento de renovar la Sección 702. Su posición es que el Congreso no puede aprobar responsablemente la extensión de una autoridad de vigilancia mientras la administración retiene activamente información legalmente obligatoria sobre cómo opera el programa. Los grupos también plantean que el Congreso debe dejar de confiar en la autosupervisión del poder ejecutivo para proteger derechos de ciudadanos y solo renovar la Sección 702 si se incluye un requisito de orden judicial para acceder a comunicaciones privadas de estadounidenses.
Wyden y Schiff escribieron en su carta que mientras el Congreso continúa debatiendo el futuro de esta autoridad, los legisladores deben poder discutir estos abusos abiertamente. De lo contrario, señalan, el pueblo estadounidense tendrá razón en cuestionar si un gobierno que viola tan flagrantemente requisitos legales básicos puede ser confiable para no abusar de una herramienta de vigilancia tan poderosa como la Sección 702. El argumento central es que la credibilidad del programa depende de la transparencia sobre sus fallas documentadas — y que retener esa información mientras se pide renovar la autoridad erosiona la base de confianza necesaria para que el Congreso actúe.
Nuestro análisis
Este caso expone un patrón recurrente en programas de vigilancia masiva: las salvaguardas legales diseñadas para forzar transparencia se vuelven negociables cuando el poder ejecutivo decide que revelar incumplimientos es políticamente inconveniente. La Sección 702 ha sido objeto de controversia desde su creación precisamente porque permite búsquedas sin orden judicial que pueden capturar comunicaciones de ciudadanos estadounidenses de manera incidental. La existencia de una opinión judicial clasificada que documenta que las herramientas de filtrado del gobierno están procesando esos datos de manera que debería requerir protecciones adicionales — y que esa opinión esté siendo retenida más allá de plazos legales mientras se debate renovar el programa — reproduce el ciclo que ha caracterizado reformas fallidas de vigilancia en Estados Unidos durante dos décadas: se descubren abusos, se prometen correcciones, se clasifican los detalles, se renueva la autoridad.
Lo que hace este incumplimiento particularmente relevante para América Latina es que la Sección 702 no distingue entre comunicaciones de extranjeros según su ubicación geográfica o nacionalidad — cualquier persona fuera de Estados Unidos es objetivo potencial. Empresas de tecnología con operaciones significativas en México, Brasil, Colombia y Argentina procesan diariamente comunicaciones que pueden ser interceptadas bajo esta autoridad si uno de los extremos de la conversación es clasificado como objetivo extranjero. La opacidad sobre cómo se consultan esos datos — específicamente, si las herramientas de filtrado permiten búsquedas que deberían contar como consultas directas de información de ciudadanos estadounidenses pero que podrían aplicarse igual a cualquier extranjero — afecta la evaluación de riesgo que organizaciones en la región deben hacer sobre proveedores de servicios en la nube y comunicaciones sujetos a jurisdicción estadounidense.
¿Qué precedente establece que una administración pueda violar un plazo legal de declasificación sin consecuencia mientras pide al Congreso que renueve la misma autoridad cuyo abuso documentado se niega a revelar?