Por Daniel Monastersky, Socio en Data Governance Latam y Director del Centro de Estudios en Ciberseguridad y Protección de Datos (CECIB) de la Universidad del CEMA.

Los créditos preaprobados a través de apps y home banking se han vuelto muy populares en los últimos años. Sin embargo, este crecimiento también ha traído un aumento preocupante en los casos de fraude y estafas relacionadas.

Para atajar este problema de raíz, en 2021 el Banco Central de la República Argentina dictó la Comunicación «A» 7319 que establece requisitos estrictos que las entidades bancarias deben cumplir al ofrecer créditos preaprobados por canales electrónicos.

El punto clave es que los bancos deben verificar fehacientemente la identidad del usuario mediante técnicas de identificación positiva antes de autorizar un crédito preaprobado. Además, deben constatar que los datos de contacto no hayan sido modificados recientemente.

Una vez verificada la identidad, los bancos tienen que notificar al usuario a través de todos los canales disponibles que el crédito está aprobado y el dinero se acreditará en su cuenta después de 48 horas hábiles, salvo que el usuario dé su conformidad antes.

Sin embargo, una de las irregularidades más frecuentes es que muchas entidades acreditan los montos de manera inmediata, sin respetar el plazo de 48 horas establecido en la normativa. Esta práctica va en contra de los recaudos de seguridad previstos e incrementa los riesgos de fraude.

Estas medidas buscan evitar que delincuentes suplanten la identidad de usuarios bancarios y accedan a créditos preaprobados de manera fraudulenta. Es una estafa que lamentablemente está creciendo.

Sin embargo, a más de dos años de entrada en vigencia, muchos bancos siguen incumpliendo con esta normativa o aplicándola de manera laxa. Las quejas de usuarios por créditos preaprobados gestionados de manera irregular no paran de crecer.

Es inaceptable que las entidades financieras no tomen los recaudos necesarios para resguardar la seguridad de sus clientes y el sistema financiero. El BCRA y los organismos de defensa al consumidor deben ser más estrictos en el control y aplicar sanciones ejemplares a los bancos que no cumplan cabalmente con la Comunicación 7319.

La vulneración de esta normativa no sólo deriva en perjuicios económicos para los usuarios, sino que erosiona la confianza en el sistema financiero. Es urgente que los bancos refuercen sus procesos de verificación de identidad y notificación antes de autorizar créditos preaprobados. La seguridad de los usuarios debe ser la prioridad.