Un juez de Nuevo México determinó que la compañía violó más de 43 millones de veces las leyes de protección al consumidor en un caso que se remonta al escándalo de Cambridge Analytica
Un tribunal de Nuevo México ordenó esta semana a Meta pagar US$25.000 millones al estado por engañar deliberadamente a usuarios de Facebook sobre el manejo de sus datos personales. La cifra representa la multa más alta jamás impuesta a la compañía y supera por cinco veces la sanción de US$5.000 millones que la Comisión Federal de Comercio (FTC) le aplicó en 2019 por el mismo escándalo. El juez Francis J. Mathew determinó que el engaño fue intencional y que los ejecutivos de Meta mintieron consistentemente sobre cómo funcionaba la plataforma. La compañía anunció que apelará la decisión.
El origen: 300.000 usuarios que expusieron datos de 87 millones
El caso se remonta al escándalo de Cambridge Analytica, donde una firma de consultoría política obtuvo acceso a información de 87 millones de perfiles de Facebook a través de una aplicación de prueba de personalidad. Aproximadamente 300.000 personas instalaron la app, pero el diseño de la plataforma permitió que también extrajera datos de todos sus contactos, construyendo un conjunto masivo de información que luego se utilizó para publicidad política dirigida durante la campaña electoral estadounidense de 2016. Meta prohibió la aplicación en 2015 y solicitó a Cambridge Analytica eliminar los datos, pero la firma continuó operando hasta mayo de 2018, cuando cerró definitivamente.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, argumentó que solo una multa de magnitud suficiente obligaría a Meta a cambiar su comportamiento corporativo. El estado había solicitado una sanción entre US$35.000 millones y US$40.000 millones. Los abogados de Meta, liderados por el director legal C.J. Mahoney, sostuvieron que la multa no debería superar los US$3.400 millones y que cualquier monto superior sería inconstitucional. El jurado encontró más de 43 millones de violaciones de las leyes estatales de protección al consumidor, incluyendo 2,1 millones bajo reclamos específicos. Cada violación puede acarrear una multa de hasta US$5.000.
La brecha entre el daño documentado y la escala de la sanción
El juez Mathew escribió en su fallo que Facebook prometió a los usuarios que ellos controlaban sus datos, pero que esto era falso. La determinación judicial se centró en las declaraciones públicas engañosas de la compañía, no en una brecha de seguridad técnica. Meta argumentó durante el juicio que el estado no logró demostrar que los residentes de Nuevo México hubieran visto efectivamente las declaraciones engañosas o sufrido daños concretos como resultado. La defensa también sostuvo que la aplicación de las leyes de protección al consumidor por parte del estado hace prácticamente imposible operar en Nuevo México y que el caso representa un intento de restringir la libertad de expresión e imponer nuevas reglas sobre lo que las personas pueden decir en línea.
La reacción del mercado sugiere que los inversores no consideran la multa como una amenaza existencial para Meta. Las acciones de la compañía subieron 2% tras el anuncio del fallo, en un día en que también se publicaban sus resultados trimestrales. Meta tiene un valor de mercado de US$1,8 billones y generó más de US$200.000 millones en ingresos el año pasado. Un director de una organización sin fines de lucro describió los US$25.000 millones como una gota en el océano para Meta, aunque reconoció que la decisión refleja una demanda pública de rendición de cuentas. Bajo la constitución de Nuevo México, las multas por violaciones de protección al consumidor se destinan a educación, aunque el dinero probablemente permanecerá inmovilizado durante el proceso de apelación.
El patrón de acuerdos previos que no detuvieron la conducta
Esta no es la primera vez que Meta enfrenta consecuencias financieras por el escándalo de Cambridge Analytica. En diciembre de 2022, la compañía pagó US$725 millones para resolver una demanda colectiva relacionada con el mismo caso. En agosto de este año, Meta llegó a un acuerdo de US$18.000 millones con casi todos los demás estados y territorios estadounidenses, que incluye medidas más estrictas de seguridad infantil y US$459 millones específicamente vinculados al escándalo de Cambridge Analytica. Nuevo México no formó parte de ese acuerdo, optando en cambio por continuar con su propio litigio.
En marzo, un jurado de Nuevo México ya había ordenado a Meta pagar US$375 millones por engañar a usuarios sobre la seguridad infantil, marcando la segunda derrota legal de la compañía en el estado en seis meses. La secuencia de sanciones plantea interrogantes sobre la efectividad de las multas como mecanismo de disuasión cuando la compañía continúa generando ingresos que superan ampliamente los montos de las penalidades. La apelación de Meta podría reducir la multa de US$25.000 millones si un tribunal superior determina que el número de violaciones fue calculado incorrectamente.
Nuestro análisis
El caso de Nuevo México contra Meta revela un patrón que trasciende el escándalo de Cambridge Analytica: la brecha estructural entre las promesas públicas de control de datos y la arquitectura real de las plataformas de redes sociales. El juez Mathew no se centró en una falla técnica puntual, sino en declaraciones sistemáticas que presentaban a los usuarios como dueños de su información cuando el modelo de negocio de Meta dependía precisamente de lo contrario. La magnitud de la multa — US$25.000 millones — refleja el intento del tribunal de establecer un costo lo suficientemente alto como para alterar el cálculo económico de la compañía, pero la reacción del mercado sugiere que los inversores no perciben un riesgo material para las operaciones de Meta.
La defensa de Meta argumentó que el estado no demostró daño concreto a usuarios individuales, lo que plantea una cuestión fundamental sobre cómo se mide el perjuicio en casos de privacidad a escala masiva. Si 87 millones de perfiles fueron expuestos pero el impacto individual es difícil de cuantificar, ¿cómo se establece una sanción proporcional? El tribunal de Nuevo México optó por multiplicar el número de violaciones documentadas por el monto máximo permitido por ley, generando una cifra que Meta califica de inconstitucional. La apelación probablemente se centre en este punto: si la metodología de cálculo transforma una ley de protección al consumidor en una herramienta punitiva que excede su propósito original. Lo que queda por determinar es si una multa de esta magnitud, incluso si se reduce en apelación, establece un precedente que otras jurisdicciones — dentro y fuera de Estados Unidos — puedan replicar para casos similares de engaño sistemático sobre privacidad.