Por Daniel Monastersky, socio en Data Governance Latam

Hace ya un poco más de un año que presenté la denuncia ante la AAIP y sigo observando con alarma cómo Worldcoin continúa su expansión en Argentina. Más de 2 millones de ciudadanos ya entregaron uno de sus datos biométricos más preciados a cambio de promesas digitales. La pregunta es inevitable: ¿a qué precio?

La realidad es cruda: operadores apenas capacitados recolectan datos sensibles en puntos de escaneo improvisados. Sin oficinas en Argentina, sin responsabilidades claras, sin respuestas a preguntas fundamentales. Pero ya tienen el iris de millones en sus servidores.

Me indigna el silencio cómplice de quienes deberían protegernos. Me enfurece la narrativa de «inclusión digital» que enmascara una cosecha masiva de datos biométricos en países vulnerables. La ecuación es simple: aprovecharse de la necesidad para obtener datos irreemplazables.

El iris como moneda: una transacción sin retorno

El proceso de recolección de datos biométricos carece de las garantías legales básicas que exige nuestra ley de protección de datos personales. La explicación se limita a pantallas rápidas en una aplicación móvil, un proceso superficial que no cumple con los estándares de información y transparencia.

Como profesional del derecho, sostengo que la promesa de un «código de iris» que supuestamente elimina la imagen biométrica original no ofrece garantías legales suficientes. La ausencia de auditoría externa sobre el manejo de estos datos sensibles constituye una amenaza grave a la privacidad.

Explotación sistematizada

El sistema está diseñado para explotar nuestra crisis. Cada operador gana por iris escaneado, cada referido suma tokens extra. La maquinaria de Worldcoin se fortalece mientras nosotros quedamos más expuestos, más vulnerables, más digitalizados pero menos protegidos.

El consentimiento bajo presión económica

La cuestión del consentimiento informado es central en mi denuncia. Cuando una persona en situación de vulnerabilidad económica entrega sus datos biométricos a cambio de una promesa de valor futuro, ¿podemos hablar realmente de consentimiento libre?

He identificado múltiples falencias en el proceso: falta de transparencia sobre el manejo de datos, imposibilidad de verificar la eliminación efectiva de la información biométrica, y la recopilación adicional de datos a través de dispositivos móviles. Todos estos elementos configuran violaciones a nuestra legislación de protección de datos.

Las preguntas sin respuesta son muchas: ¿Qué sucederá con estos datos en el futuro? ¿Quién garantiza que no serán vendidos? ¿Cómo verificamos su eliminación? El silencio ante estas preguntas básicas es ensordecedor.

Un experimento sin control

Sam Altman y su equipo evaden el debate público mientras construyen su imperio de datos biométricos sobre la vulnerabilidad económica. Mi denuncia ante la AAIP no es solo un acto legal; es una advertencia urgente. Estamos vendiendo nuestra identidad digital al mejor postor, sin siquiera establecer el precio.

La ausencia de discusión pública significativa y la falta de respuestas a cuestionamientos serios refuerzan mi convicción de que estamos ante un experimento social sin las salvaguardas necesarias. Como abogado comprometido con los derechos digitales, no puedo callar.

El imperativo de proteger nuestra identidad

La privacidad no es un lujo, es un derecho fundamental. Mientras escribo estas líneas, nuestros datos biométricos se acumulan en servidores extranjeros, protegidos por promesas vagas y términos legales difusos.

La verdadera inclusión no se construye sobre la explotación de la necesidad. Argentina no puede seguir siendo el campo de experimentación para aventuras tecnológicas sin control. Es hora de exigir respuestas. Es hora de proteger nuestra dignidad digital. Es hora de decir basta.

Mi presentación ante la AAIP busca no solo investigar estas prácticas sino también establecer precedentes claros sobre la protección de datos biométricos en la era digital. El futuro de nuestra identidad está en juego, y es nuestra responsabilidad asegurar que se construya sobre bases éticas y legales sólidas, no sobre la explotación de la vulnerabilidad económica.